Desarrollo Sostenible o Koljoses

Está decidido… Vamos a cambiar el modelo productivo o, mejor dicho, lo va a cambiar Zapatero con la ayuda de las centrales sindicales subvencionadas y de las organizaciones empresariales…también subvencionadas.

¿Cómo lo va a hacer nuestro inefable Presidente del Gobierno? Según él, es muy fácil: Va a aprobar una Ley  de Economía Sostenible con una dotación de 20.000 millones de euros y ya está, porque esa ley (por supuesto) negociada con los antes mencionados y mal llamados agentes sociales, nos va a decir a todos dónde, cuanto y en qué hay que e invertir.

Es decir, vamos camino de imitar a la extinta URSS: Economía planificada, funcionarios a montones, infinita burocracia, enorme “aparato” de partidos y sindicatos, millones de personas viviendo de la subvención y el subsidio y falta de competitividad.

Pero no todo está perdido…si el Estado está dispuesto a repartir 20.000 millones habrá que hacerlo de forma inteligente y productiva…Sin olvidar que, haciendo un cálculo aproximado, cada uno de los españoles, de los que pagamos impuestos, estamos poniendo, en ese fondo, 1.000 euros, aunque oyendo hablar a los políticos parece que ese dinero fuera suyo.

Mi propuesta es que se nombren, por cada especialidad productiva, “tribunales” que juzguen los proyectos empresariales que presenten los emprendedores que quieran iniciar/desarrollar una actividad en ese campo.

Estos tribunales deberían incluir dos técnicos, dos financieros, dos comerciales, dos representantes de bancos privados y otros dos de la banca pública (uno de cajas de ahorro y otro del ICO o similar) que juzgarían cada proyecto desde todos los puntos de vista.

Así, por ejemplo, ante un proyecto de telecomunicaciones relacionado con móviles, podríamos tener a un técnico de Vodafone y otro de Orange, un financiero de Movistar y otro de Jazztel, un comercial de Yoigo y otro de The Phone House, una persona del Santander, otra de BBVA, otra de Unicaja y otra del ICO.

Condición fundamental sería que todas estas personas  fueran técnicas en el campo que evalúan y no simplemente directivos de las empresas. Lo que juzgarían es la viabilidad del proyecto, las necesidades de financiación y cuánto estarían dispuestas a aportar las empresas evaluadoras y los bancos. Si se viera que es viable, pero no hay dinero suficiente entre los privados, la banca pública financiaría el resto… que para eso están “mis” 20.000 millones.

Dentro de ese “jurado”, habría que establecer unos sistemas de turnos y preferencias  para no favorecer a ninguna empresa o banco. La no intervención del Estado más que como impulsor del programa (estoy seguro que mi amiga Cristina Garmendia lo haría de maravilla) y como último financiador sería una condición imprescindible para el buen funcionamiento.

Por supuesto, no se podría limitar ningún proyecto empresarial por su localización, el número o tipo de empleados a contratar, el beneficio a obtener o cualquier otro parámetro salvo el de devolver el crédito otorgado por el ICO y el pago de los impuestos correspondientes como todo “hijo de vecino”.

Creo que no sería complicado, pero sí efectivo. En muchas escuelas de negocios se hacen presentaciones de este tipo, en zonas como Silicon Valley también,… pero, en España, sería casi imposible.

¿Por qué? Porque, aquí, para constituir esos “tribunales” de evaluación habría “tortas”. Las Comunidades Autónomas dirían a Zapatero "no te escaparás" y reclamarían un puesto cada una en esos órganos  (Cataluña no asistiría si no le dieran, al menos, dos), los sindicatos y partidos políticos también exigirián estar ahí y, por supuesto, varios representantes de diferentes ministerios y algún ayuntamiento, por lo que, al final, serían inmanejables y llenos de políticos ignorantes del tema a tratar.

A pesar de todo, si dejaran participar a los “técnicos” algo sacaríamos, pero, como vascos y catalanes descubrirían que están en minoría y que, además, todos los proyecto s se estarían yendo a otras regiones que ponen menos trabas legales, fiscales y lingüísticas, exigirían la transferencia de esas competencias y, como consecuencia, del dinero que, de acuerdo con sus cálculos habituales, implicaría cederles el 50% de los 20.000 millones a esas  dos regiones…con el PNV y CiU diciendo a los actuales gobiernos regionales que se han bajado los pantalones pues, de los 20.000 millones a ellos les debían corresponder, al menos,… 25.000.

Claro que no todo estaría perdido si los diferentes técnicos y ejecutivos de las empresas privadas participara, salvo porque ya no quedaría dinero, se lo habrían “pulido” los políticos y, además, tampoco quedarían emprendedores porque tendrían que saber catalán, vasco o gallego, que puntuaría mucho más que la calidad del proyecto.

Resumiendo, que los 20.000 millones y la Ley de Economía Sostenible no dejan de ser argucias electoralistas de un presidente amortizado que ha decidido que España tiene que cambiar su modelo económico, pero que se niega a dar armas a los verdaderos actores:

• Los emprendedores: Un poquito de menos presión fiscal
• Los trabajadores: Un poquito de educación de calidad y no 17 programas nefastos sin ninguna coordinación