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EL INTERMEDIARIO

Ante la crisis, políticas...¿de izquierdas o de derechas?

La Comunidad de Madrid firmó hace unos días, un acuerdo con los representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), entidades financieras, colegios de notarios y registradores y la Asociación Hipotecaria Española (AHE) para poner en el mercado parte del stock de viviendas libres que no encuentran comprador.

Gracias al acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, los pisos libres de nueva construcción que no hayan sido vendidos, saldrán al mercado como “viviendas libres de precio concertado”, una nueva tipología a la que los promotores aplicarán una rebaja de hasta el 20% sobre su precio actual. De esta manera, una vivienda de 100 m2 (máxima superficie para acogerse al acuerdo) en el centro de Madrid costará un máximo de 320.000 euros

Los bancos, por su parte, se comprometen a ofrecer, a los compradores de vivienda, créditos preferentes para asegurar una financiación suficiente.

Mientras, los colegios de notarios velarán por la transparencia de las operaciones y van a prestar la asistencia técnica y jurídica necesaria. Además, los notarios de Madrid se comprometen a reducir en un 10% el importe de las tarifas que cobran en el caso de estas transmisiones y los registradores de la propiedad de la región van a rebajar en un cincuenta por ciento los costes de las notas simples cuando se trate de viviendas sujetas a este acuerdo y así se lo solicite la Comunidad.

En una línea muy diferente, el sábado pasado, la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, aprobó un decreto que la convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.

Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional).

Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada-  existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio. El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.

Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros.

La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.

El decreto parece hecho a la medida de El Pocero, el constructor que está desarrollando una “macrourbanización” en Seseña (Toledo) y de otros promotores amigos del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden. Además, la Junta se reserva el procedimiento de selección de las promotoras…El “tufo” a comisiones y chanchullos es palpable.

Yo, como liberal que soy, creo que el mercado es el mecanismo de ajuste entre oferta y demanda de vivienda, pero, en momentos de crisis, puedo entender que la administración pública facilite el ajuste, como ha hecho la Comunidad de Madrid, que hace que los promotores privados rebajen el precio de las viviendas al pasar de “libres” a “libres de precio concertado”, pero sin coste alguno para los madrileños.

Lo que es inadmisible, es que la administración, en este caso, la Junta de Castilla-La Mancha, se gaste el dinero de todos los ciudadanos en la compra de pisos que los promotores no puedan vender.

Yo, que trabajo en una empresa industrial, voy a reclamar que la comunidad castellano-manchega me compre todos los excedentes de producción que no haya podido vender en un año porque mi sector también está en crisis.

Y, todavía, hay algunos que dicen que no hay políticas económicas de izquierdas y de derechas…

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