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EL INTERMEDIARIO

Políticas de Agua

Políticas de Agua

Ayer cené con mi amigo Gonzalo, aprovechando su estancia en Madrid. Colegas durante mucho tiempo en una empresa de tuberías, él en la filial colombiana y yo en la española, me preguntó cómo iba la “organización” del agua en España. Le expliqué algo y me comprometí a escribir un “post” sobre el tema.

Al llegar a casa, me encontré el número de Junio de La Voz del Colegiado, órgano de información oficial del Colegio de Ingenieros de Caminos. Leyendo la revista, vi un artículo que había escrito mi compañero Francisco Barbancho, que refleja la situación de las políticas del agua en España, único país del mundo donde el agua es competencia (¡y propiedad!) de la administración regional por la que circula esa agua.

Dados el rigor y amenidad que el artículo reflejan, reproduzco íntegramente dicho artículo, y mantengo mi promesa de, en un futuro próximo, dar alguna opinión personal más sobre el sector nacional del agua, donde he trabajado más de quince años.

 

 

Políticos y políticas del agua 

Los más de treinta años transcurridos desde la restauración de la democracia han tenido un balance muy favorable para la sociedad española en su conjunto, pero en el aspecto que corresponde a las políticas del agua, ese balance se sitúa claramente por debajo de la media.

 

A lo largo del período que transcurre entre 1978 y 2008 se han sucedido diversas administraciones hidráulicas de distinto signo político e ideología y, salvo la puesta al día que supuso la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 (seguramente la menos deplorable del proceso de deterioro que ha sufrido la gestión del agua), el resto de las actuaciones “políticas” realizadas en el sector han ido siendo cada una peor que la anterior (y eso es decir mucho).

 

Esa Ley de Aguas parecía establecer un marco normativo muy claro y destinado a perdurar (quizá no tanto como su centenaria antecesora), y consagraba por la vía de hecho la nacionalización de la parte subterránea del ciclo (quedándose a medias en cuanto a sus consecuencias económicas, lo que ha lastrado irremediablemente su aplicación) y también abría el melón de la calidad (lo que era seguramente necesario, pero quizá faltó precisión). Seguramente lo peor de su contenido fue agrupar en los organismos de cuenca a las antiguas Comisarías de aguas, con la leve justificación deducida de la unidad del ciclo y el grave inconveniente de acoger bajo el mismo techo a policías y policiados (imaginémonos a personal del Ministerio de Fomento con competencias de policía de tráfico). Puesto que existe (a Dios gracias) la Guardia Civil, ellos son los que al final acaban haciendo la labor de policía en ambos casos, pero esto demuestra que el modelo adoptado para el agua no era el único posible (y en mi opinión puede que fuera el peor)

 

El siguiente hito en el proceso de deterioro lo marca la imposibilidad de aprobar el Plan Hidrológico planteado por Borrell (¡ay de aquella votación en el Senado!), no porque dicho planeamiento fuera mejor o peor que los que luego le siguieron, sino porque ello permitió a los políticos darse cuenta de las posibilidades de utilizar este tema para sus fines e introdujo al agua en el conjunto de opciones disponibles para hacer demagogia, y la incluyó en el catálogo de elementos susceptibles de ser usados como arma arrojadiza entre unos y otros. Tengo para mí que si ese plan no nato hubiera sido aprobado, la simple existencia de un marco ya reglado nos hubiera podido ahorrar el que el agua fuera objeto de lo que ahora se llama debate en sucesivas contiendas electorales, nacionales, paranacionales, autonómicas y municipales. En ellas, cada grupo presenta sus propuestas de ordenación, cada una de las cuales superando (por resultar al parecer necesario para ganar votos) en temeridad, desconocimiento o simplemente en repercusión mediática a la del adversario político (lo que en puro galicismo llamaríamos capacidad de “epatar” al personal, o en castellano más castizo “mear más lejos que el otro”).

 

En esas estábamos cuando de resultas de la (hasta ese momento inexistente) necesidad de crear un Ministerio de Me-dio Ambiente, y dada la falta de competencias reales de la Administración Central en la materia (ya se habían producido parte de las numerosas transferencias de competencias y recursos a las diversas administraciones territoriales), se decidió adscribir el agua a dicho departamento. Manteniendo el mismo nivel de (in)coherencia, se podría haber incluido a aquélla entre las competencias del Ministerio del Interior, y así al menos una revisión de la Directriz Básica de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones de 1995 (otro hito en el camino del despeñamiento de la ejemplar estructura de la Administración hidráulica heredada de la Segunda República) no hubiera interferido de modo tan palmario y torticero en atribuciones de otro ministerio.

 

Una vez acomodadas las aguas en el MIMAM (según las malas lenguas, porque si no hubiera sido así, el Ministerio dudosamente hubiera dispuesto de presupuesto), el siguiente pelotazo fue la creación de las Sociedades de Aguas (juguete inútil por repetitivo de la organización ya existente en los organismos de cuenca, pero con la ventaja de permitir la inmediata y rentable colocación de personal afín a una u otra causa) cuya vida se ha visto falsamente amenazada de desaparición en sucesivas campañas electorales, y cuya ejecutoria sobradamente conocida me exime de cualquier comentario sobre el tema (sería muy difícil hasta ironizar sobre ellas sin caer en un pecado de abuso manifiesto).

 

Llegados a este punto, parecía del todo imposible caer más bajo, pero después de tocar fondo se puede excavar (si se hace con maquinaria potente o con explosivos) hasta grandes profundidades.

 

Para ello, entre mordisco y mordisco (a la yugular o donde pillara) a las actuaciones del enemigo o adversario (¡Eliminaremos las inicuas sociedades de aguas tan pronto gobernemos! ¡No nos dolerán prendas para acabar con la sobreexplotación irresponsable de los acuíferos, cerrando los pozos a esos delincuentes disfrazados de agricultores! ¡Cuando gobernemos acabaremos con la sequía, aprobando un plan hidrológico, que solucionará automáticamente todos los problemas! ¡Y los arroyos manarán leche y miel! ¡Y además, dos huevos duros!), se les ha ocurrido a los venerables padres de la patria (a veces con la “paradójica” colaboración de algunos de nuestros más preclaros colegas) comprobar las indudables ventajas de la tribalización del agua, de modo y manera que a la vuelta de poco tiempo, bastará una simple credencial de concejal para poderse atribuir competencias exclusivas sobre la gestión del agua en un territorio (y de paso, y si se deja, en el del vecino).

 

Esta habitual tendencia española a enzarzarse en cuestiones internas, fue maravillosamente aprovechada por la Unión Europea para colarnos por la escuadra un gol llamado Directiva Marco de Aguas, que pone en solfa todo el ingente esfuerzo realizado por la sociedad española (no sólo por los malvados franquistas, aunque supongo que alguno colaboraría) para poder arrancar a la naturaleza aquellas posibilidades de uso del agua que a otras naciones les regaló. Eso sí, como ironía final del destino, la propia Directiva entronizó un sistema de gestión que es curiosamente el mismo que había sido tradicional en España (¡desde la Segunda República!), y que con tan esforzado afán estamos consiguiendo destruir.

 

El ¿último? aporte a este batiburrillo es el encendido debate acerca de si son galgos o podencos (¿conducción, derivación o transferencia?) con alguna impagable aportación (la del informe jurídico del Gobierno de Aragón merece ser citada, pero tendría complicado el primer puesto en la rueda circense del “más difícil todavía” o en la marxiana del “más madera”).

 

No sé si incluir en este ramillete la afanosa búsqueda de la mujer justa, porque dudo que este pecado sea sólo de la Administración hidráulica, pero sin duda algo ayuda a rematar el cuadro.

 

En fin, no me atrevo a suponer que la función circense (en tres pistas) que lleva representándose sin interrupción en los últimos treinta años en los temas del agua esté llegando a su fin, aunque me temo que si llegara el caso la traca final debería dejar pálido al cuádruple salto mortal, némesis de los trapecistas. ¿Qué tal proponer un ordenado plan de demolición de presas, empezando por las de mayor volumen? (¡huy, no, que me podrían acusar de plagio!). Tal vez la fijación de un sistema de caudales ¿ecológicos? que imposibilite de modo completo y rotundo (de una vez por todas, vaya) el nefando aprovechamiento hidroeléctrico de nuestros torrentes (ríos hay en Francia; aquí desgraciadamente no).

 

Parafraseando a Vargas Llosa, si alguna vez en el futuro alguien con curiosidad preguntara: ¿cuándo se “fregó” la Administración hidráulica española?, yo creo que la investigación acabaría por fijar una fecha que ya está en el pasado.

 

Lamento no poder terminar estas líneas (como sería mi deseo) con alguna cuestión que invite al optimismo. Es más, estoy seguro de que una más profunda reflexión me llevaría aún más allá en este oscuro diagnóstico. Tampoco puedo sugerir una prescripción, porque me parece que el mal es incurable, pero me gustaría someterlo a la consideración del colectivo, por si de una consulta conjunta se pudiera deducir algún remedio, paliativo o narcótico, que evite que al menos el enfermo sufra más de lo debido.

 

Con esa esperanza finalizo.

 

No añado más...Gracias, Francisco

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